El Estado mexicano no es garantía del derecho ni de seguridad pública, mucho menos de salvaguarda de la integridad física. Lo demuestran el número de asesinados diarios, los índices de criminalidad, el incremento de las extorsiones a los negocios, los secuestros, etcétera.
El Estado reclama como condición necesaria para su existencia “el monopolio legítimo de la violencia sobre su territorio y sus habitantes”, ello significa que el grupo en el poder (la autoridad) debe ser capaz de retener el control y salvaguardar el territorio, tanto de amenazas internas como externas.(Economía y sociedad, Max Weber)
El Estado mexicano de hoy no sólo ha perdido el monopolio de la violencia legítima, sino que la violencia ilegítima ya controla territorios, avanza en el control social de la población, de la economía formal e informal, de circuitos financieros e, incluso, reclama para sí un papel de autoridad fiscal mediante el cobro de impuestos a través de la extorsión abierta a los empresarios y vendedores ambulantes.
Frente a ello, las autoridades del Estado se muestran impotentes, desorganizadas, ineficientes o penetradas por la corrupción y en franco contubernio por acción u omisión con los delincuentes. Hacer una cronología de los hechos más brutales y sin resolver sería largo, pero desgraciadamente fácil.
El Estado mexicano se encuentra, además, presa de círculos viciosos que le impiden jugar un papel como promotor del desarrollo económico y de la ampliación dinámica de sus competencias. Hemos acumulado décadas de malos gobiernos en las que simulamos que no pasa lo que pasa. La única manera de superar la situación en enfrentarla con acciones políticas y no con meros recursos retóricos de políticos ignorantes y patrioteros.
